En 1896, el caso Plessy contra Ferguson confirmó una ley de Louisiana que exigía sitios “separados pero iguales” para afroamericanos en los trenes.
El caso Brown, consistente en que Oliver Brown demandó al consejo escolar de Topeka (Kansas) porque a su hija se le negó la admisión a la escuela más cercana a su casa, fue el caso principal de los cinco decididos por el Tribunal Supremo estadounidense que hizo que este reconociera la inconstitucionalidad de la segregación escolar por cuestión de raza.
Los abogados de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP), dirigidos por Charles Hamilton Houston y Thurgood Marshall, prepararon el terreno para el fallo en el caso Brown recopilando una serie de casos similares que habían tenido lugar en Virginia, Carolina del Sur, Delaware y Columbia.
Los abogados de los demandantes afroamericanos y las juntas escolares argumentaron los casos dos veces antes de que el Tribunal llegara a una decisión unánime que invalidaba la educación segregada y ponía en duda el caso Plessy contra Ferguson, que parecía permitir la segregación en cualquier instalación pública.
La opinión del presidente del Tribunal Supremo, Earl Warren, era que el Tribunal no podía "retroceder el reloj" a 1868, cuando se adoptó la cláusula de protección igualitaria, ni a 1896; que la segregación podía "afectar a los corazones y las mentes" de los niños afroamericanos "de una manera que no es probable que se deshaga nunca"; y que las escuelas segregadas por ley nunca podían ser iguales.
El Tribunal pidió entonces a los abogados que argumentaran los casos por tercera vez para determinar cuál debía ser el remedio adecuado para el sistema inconstitucional. Rechazando los argumentos de la NAACP para la inmediata desegregación, el Tribunal, de nuevo por unanimidad, ordenó a los tribunales inferiores que supervisaran los planes de desegregación que comenzarían el proceso de inmediato y luego procederían "con toda la velocidad deliberada".
Algunas juntas escolares, en particular en los estados fronterizos, cumplieron las órdenes judiciales con bastante rapidez, pero la desegregación se enfrentó a la resistencia en el sur profundo. Solo después de la aprobación de la Ley de Derechos Civiles de 1964 el sur puso en práctica una importante desegregación.
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