Las fuerzas policiales y de seguridad militares en Honduras se mantienen con los impuestos que pagan los ciudadanos, sin embargo, muchos policías y militares se han visto implicadas en crímenes, algunos de ellos no se han esclarecido, ni se han castigado a los culpables mediante juicio. La situación que vivió el país durante el gobierno del dictador Tiburcio Carías Andino propició a que se cometieran un sinnúmero de crímenes militares, ambiente que parece repetirse con el actual gobernante Juan Orlando Hernández, quien durante su mandato otorgó prioridad a las Fuerzas Armadas hondureñas previo a perpetuarse en el poder.
Resulta irónico y paradójico que mientras millones de hondureños paguen sus impuestos para obtener resguardo de las fuerzas de seguridad, algunos líderes policíacos y militares hayan incurrido a violar, extorsionar o asesinar a la población, y más aún, muchos no rindieron ni rendirán cuentas ante los entes de justicia, relacionando falsamente las muertes con el narcotráfico.
Por lo general, dichos crímenes continúan en la impunidad. Algunos delitos cometidos por altos cargos de las fuerzas de seguridad en Honduras, como el de la estudiante Riccy Mabel Martínez, o los asesinatos de Rafael Alejandro Vargas Castellanos y Carlos David Pineda, son algunos de los ejemplos.
La criminalidad de las fuerzas policiales en el país ha aumentado al ser fomentada por la impunidad que se crea gracias a la no aplicación del proceso de justicia a los responsables.
Algo común que se ha visto claramente es el procedimiento siguiente: luego de cometerse los crímenes, suelen llegar agentes de seguridad a limpiar la escena. Estos se encargan de recoger casquillos y otros indicios, como también de preguntar a personas lo sucedido por ser estas posibles testigos presenciales de los crímenes, inmediatamente antes de que se presenten los forenses a los lugares donde se ejecutaron estos actos.
Otra forma de mantenerse en la impunidad es la utilización de personas inocentes, obligadas a confesar o callar bajo presiones, con promesas de castigos leves y pagos de sueldo mientras están en prisión.
Pero además de estos obstáculos, destacan las leves penas en casos de abuso sexual y homicidio en el país, así como la nula aplicación de la justicia por parte de la Corte Suprema de Justicia, donde muchos de los criminales arrestados terminan saliendo libres sin rendir cuentas a nadie.
Riccy Mabel Martínez Sevilla (1973-1991), originaria de La Ceiba, Atlántida, región caribeña de Honduras, fue una agraciada señorita, estudiante de tercer año de magisterio en la Escuela Normal Mixta Pedro Nufio, en Tegucigalpa, M.D.C.
Su novio, Rubén Hurtado Padilla había sido un mes antes reclutado para cumplir el servicio militar obligatorio, por lo que Riccy Mabel decidió visitar sola el Primer Batallón de Comunicaciones ubicado en las Tapias a las afueras de Tegucigalpa, con la finalidad de solicitar la pronta liberación de su novio, el día sábado 13 de julio de 1991. Ese mismo día Riccy Mabel desapareció misteriosamente, fue secuestrada, violada y brutalmente asesinada por al menos cuatro hombres según exámenes forenses practicados en la braga de la víctima, llevados a cabo en los Estados Unidos por el FBI. En ese entonces el suceso fue un caso sin precedentes en la historia delictiva de Honduras, que puso a prueba el limitado y débil sistema judicial hondureño.
Su cuerpo desnudo, mutilado, semi-desfigurado y en estado de descomposición no avanzado fue encontrado el lunes 15 de julio de 1991, aproximadamente a las 7:30 de la mañana, mediante varias llamadas anónimas hechas por los presuntos asesinos a la policía y al Director de la Escuela Normal Mixta Pedro Nufio. El cuerpo torturado de la adolescente fue colocado en una hondonada de aproximadamente cinco metros de profundidad y de difícil acceso, sobre una piedra, semi-sumergido boca abajo en el cauce de la quebrada “El Sapo” cerca de la zona 4 de la colonia Cerro Grande, frente al cerro El Berrinche en Comayagüela.
El cuerpo de la normalista presentaba muestras de extrema crueldad demencial, barbarie y sadismo muy raramente vistas en este tipo de casos, con signos de torturas, mutilaciones, fracturas en diferentes partes del cuerpo, especialmente en el cráneo y los huesos de las manos y dientes quebrados, sin lengua, sin el seno derecho, sin las principales vísceras que supuestamente fueron extraídas por las aves de rapiña (antropofagia), vulva destruida a causa de una violación masiva.
Un testigo clave del crimen fue Esteban García, un humilde vendedor de Helados, quien afirmó haber visto a la adolescente por última vez con vida. Eran casi las 6 y media de la tarde y el señor García había terminado de vender el inventario de paletas y se disponía a regresar al centro de Tegucigalpa, por lo cual necesitaba un flete para él y su carreta. En el trayecto de salida del Primer Batallón de Comunicaciones se encontró con la joven normalista, la cual fue recogida por un pick-up Hyundai Pony amarillo idéntico al de un militar, para posteriormente aparecer muerta dos días después.
En las principales ciudades del país, sobre todo en Tegucigalpa y en su ciudad natal, La Ceiba, hubo multitudinarias concentraciones públicas de jóvenes estudiantes para reclamar justicia bajo las consignas: "castigo a los culpables" y "no a la impunidad". El Comité para la Defensa de los Derechos Humanos (CODEH), fue uno de los principales patrocinadores de estas multitudinarias concentraciones.
Los feminicidas de la adolescente, un coronel y un sargento del Ejército Hondureño, trataron de eludir la justicia amparándose en su condición de militares, posteriormente de un peregrinaje judicial, fueron sentenciados por el Juzgado de Letras Segundo de lo Criminal en julio del año 1993 por cargos de homicidio y violación. La justicia "fue generosa" al castigarlos con una pena demasiado corta para un crimen tan monstruoso y aberrante, según el criterio casi generalizado de la sociedad hondureña.
A los 10 años de su ingreso a prisión, el coronel fue puesto en libertad con el silencio casi total de la prensa nacional.
Con este trágico y emblemático caso se inicia el proceso de desmilitarización de Honduras que elimina la impunidad total que tenían los militares en el país.
Otra particularidad del caso es que por primera vez se utiliza la prueba de ADN en la justicia hondureña, considerando las limitaciones económicas del país y del sistema de investigación criminal de aquel entonces que se encontraba muy atrasado y obsoleto.
Los crímenes sexuales en Honduras son tan altos debido al bajo presupuesto que mantienen tanto la Corte Suprema de Justicia de Honduras, el Ministerio Público y el Congreso Nacional de Honduras. Otros factores son la baja cualificación del personal y el bajo acceso a los recursos, que limitan la mejora de leyes, aumento de juicio, prevención y apoyo de las víctimas de estos crímenes.
La violación y asesinato de Riccy Mabel Martínez Sevilla en julio de 1991 captó los titulares y la atención nacional durante años en Honduras; causó una gran indignación, manifestada en manifestaciones y otras acciones públicas, y ha sido descrita como un caso de prueba del grado de impunidad de los militares.
Riccy Mabel Martínez, de 17 años de edad, era estudiante de la Escuela Normal Pedro Nufio, desapareció el 13 de julio de 1991 después de visitar el Batallón de Comunicaciones en las afueras de Tegucigalpa, para solicitar la liberación de su novio, Rubén Hurtado Padilla, que había sido reclutado para el servicio militar (La Prensa 16 de febrero de 1998, ibíd., 14 de febrero de 1997). Su cuerpo fue encontrado el 15 de julio de 1991 por un arroyo, mostrando signos de violación.
Uno de los principales sospechosos de su violación y asesinato fue el jefe del batallón, el coronel Angel Castillo Maradiaga, cuya voz fue identificada por el director de su colegio como la que llamó anónimamente para dar la ubicación de su cuerpo. Los exámenes forenses de la ropa de la víctima llevados a cabo por el Buró Federal de Investigaciones de los Estados Unidos (FBI) mostraron actividad sexual de al menos cuatro hombres; se encontró que el vello púbico y el semen encontrados en su ropa coincidían con los del coronel.
Un sargento, Santos Eusebio Ilovares Funez, se presentó a los tribunales tres días después y afirmó haber sido responsable del crimen y fue encarcelado (4 de octubre de 1996), aunque luego afirmó que los oficiales en posiciones más altas lo habían obligado a hacerlo 16 de febrero de 1998). En agosto de 1991, el coronel Angel Castillo Maradiaga y el ex jefe de personal del batallón, Ovidio Andino Cuello, fueron detenidos, pero este último fue liberado en enero de 1992 ( 4 de octubre de 1996).
Tanto el coronel como el sargento fueron retenidos en la Penitenciaría Central en 1991 y sentenciados en 1993 a penas de prisión de 16 años y medio, y 10 años y medio, respectivamente, por la juez Maria Antonieta de Castro . La sentencia fue rechazada por un tribunal de apelaciones que alegaba errores de procedimiento en el juicio, pero luego fue ratificada por el mismo juez en 1995 ( 4 de octubre de 1996). El tribunal de apelaciones aceptó la sentencia después de revisar las correcciones a los errores de procedimiento y pasó el caso a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que ratificó la sentencia . Sin embargo, Castillo Maradiaga presentó un “recurso de casación”; después de revisar este recurso legal, la CSJ rechazó la sentencia y devolvió el caso al tribunal de apelaciones para su revisión . El 2 de octubre de 1996, el tribunal de apelación anuló la sentencia y devolvió el caso al tribunal penal. En este punto, el sargento Ilovares Funez se declaró inocente y declaró que había asumido la responsabilidad por el crimen bajo la presión de un coronel Herber Munguia Morales, jefe del destacamento C-2, quien supuestamente le dijo a Ilovares Funez que recibiría una casa, un salario y lanzamiento después de dos años; sin embargo, Ilovares Funez afirmó desde su celda que solo recibió ocho meses de salario ( 14 de febrero de 1997).
En febrero de 1997, el juez penal José Octavio Calix declaró que el sargento Ilovares Funez había matado a Riccy Mabel Martínez Sevilla la noche del 13 de julio de 1991 tras intentar violarla, y lo condenó a 15 años de prisión, mientras absolvía al coronel Angel Castillo Maradiaga de cualquier fechoría . El juez Calix afirmó que la adolescente no fue violada, a pesar de la evidencia forense en contrario, y sentenció al sargento por homicidio simple.
Posteriormente, el tribunal de apelaciones ratificó parcialmente esta sentencia, al liberar al coronel de cualquier responsabilidad y sentenciar a Ilovares Funez a 10 años y medio por violación, cambiando el período anterior de 15 años por asesinato ( 16 de febrero de 1998). Semanas antes de esta decisión judicial, un testigo clave, el vendedor de helados Esteban García, quien afirmó haber visto al adolescente abordar un automóvil idéntico al del coronel, fue golpeado hasta la muerte por una pandilla en un aparente robo . La familia de la adolescente, que públicamente rechazó la absolución del coronel, nunca acusó al sargento de participar en el crimen; sin embargo, el sargento declaró que renunciaba a reclamar su inocencia, ya que haber estado preso durante más de siete años le permitiría buscar su liberación ( 14 de febrero de 1998).
El Comité para la Defensa de los Derechos Humanos y el grupo de teatro juvenil El Manchen presentaron una obra de teatro en noviembre de 1996 en San Pedro Sula basada en el caso de Riccy Mabel Martínez (ibíd., 15 de noviembre de 1996).
En una entrevista dada a la prensa, los militares presos dijeron que el entonces jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras general Luis Alonso Discua Elvir conocía la verdad del asesinato de la estudiante Riccy Mabel Martínez.
“Discua sabe quiénes mataron a la joven, porque recibió un informe al respecto, y me dan ganas de llorar de ver que hay gente que no tiene hombría” de decir la verdad, afirmó el coronel Angel Castillo Maradiaga.
El sargento Santos Ilovares Fúnez, el otro involucrado, sostuvo que se autoinculpó por orden de Discua, en aquel entones jefe de la institución castrense.
Castillo Maradiaga reafirmó a la prensa local, tras conocer la anulación de su sentencia, que “yo no maté a Riccy. Ilovares debe decir quién lo hizo, porque fue él quien le dio aventón hacia Tegucuigalpa”. “Me sacrificaron por un delito que cometió otra persona, que no sé quién es, pero Ilovares sabe todo acerca del crimen contra esta muchacha; no digo que él la mató o la violó, pero sí le dio aventón”, insistió el oficial, quien en ese momento convalecía en el hospital de las Fuerzas Armadas tras una intervención quirúrgica.
Ilovares Fúnez aseguró que “si me eché su muerte (de la estudiante) fue porque las Fuerzas Armadas me obligaron”.
“No podía hacer nada porque el coronel Herbert Munguía Morales (entonces jefe de Inteligencia Militar) había llegado con instrucciones del alto mando de las Fuerzas Armadas, que en ese entonces era comandada por el general Discua, para que me responsabilizara de esa muerte”, relató.
El ex defensor de Castillo Maradiaga, Francisco Lagos, sostuvo que la embajada de EEUU influyó en la condena contra los dos militares para proteger a agentes del Departamento Antidrogas (DEA) que supuestamente participaron en el crimen.
La madre de la estudiante, Nora Sevilla de Martínez, adelantó que, si los dos militares son absueltos, recurrirá a organismos jurídicos internacionales.
Después de cumplir 10 años en prisión, en 2001, salió de la cárcel el coronel Ángel Castillo Maradiaga. Un solo periódico publicó la salida de prisión del coronel. La pequeña noticia, apenas dos columnas, que nadie comentó, contrasta con el hecho de ser uno de los suceso que más dio que hablar y escribir en medios electrónicos y escritos del país.
El caso Riccy simboliza el inicio del proceso cultural y legal de desmilitarización de Honduras y rompió la impunidad absoluta que hasta entonces tenía la jerarquía castrense.
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