La Primera Guerra Mundial

En 1914 estalló la guerra más mortífera habida hasta entonces en Europa. Las razones de un conflicto bélico de esta magnitud hay que buscarlas en las rivalidades económicas y coloniales entre las grandes potencias y en los conflictos y reivindicaciones nacionalistas en el seno del continente. La Primera Guerra Mundial enfrentó a dos bloques de países: los aliados que formaban la Triple Entente (Francia, Inglaterra y Rusia, a los que se unieron entre otros Bélgica, Italia, Portugal, Grecia, Serbia, Rumanía y Japón) y las potencias centrales de la Tripe Alianza (el Imperio alemán y el Imperio austrohúngaro, apoyados por Bulgaria y Turquía).

Soldados británicos en la batalla del Somme (1916)

Aunque todo el mundo creyó que sería breve, la Primera Guerra Mundial se prolongó por espacio de cuatro años (1914-1918). Tras una fase de estancamiento en que la muerte de centenares de miles de soldados en las trincheras apenas movió los frentes, en 1917 los Estados Unidos entraron en la guerra en apoyo del bando aliado, que resultaría a la postre el vencedor. Las tensiones de la guerra propiciaron en octubre de 1917 el triunfo de la Revolución Rusa, la primera de las revoluciones socialistas, que se convertiría en referencia para las organizaciones y partidos de la clase obrera en el siglo XX. Con la devastación demográfica y económica ocasionada por la Primera Guerra Mundial se inició el declive de la Europa occidental en favor de nuevas potencias emergentes: los Estados Unidos, Japón y la URSS.

La Europa de 1914

Como consecuencia de la expansión industrial de las décadas anteriores y del dominio colonial, en 1914 Europa el centro económico, político y cultural del mundo. El viejo continente, sin embargo, no era en absoluto un conjunto homogéneo. Francia, Gran Bretaña y Alemania lideraban casi todas las ramas de la industria; entre las tres naciones se estableció una feroz competencia en la que los germánicos comenzaron a destacar. Rusia, el Imperio austrohúngaro, Turquía y las pequeñas naciones de los Balcanes habían comenzado a modernizarse, pero todavía la mayor parte de la población de estos países vivía de la agricultura.

Desde el punto de vista político, Francia y Gran Bretaña gozaban de sistemas democráticos, mientras que los imperios alemán y austrohúngaro, pese a fundarse en constituciones liberales, se regían por sistemas más autoritarios. Rusia, pese a las reformas iniciadas en 1905, era un imperio en el que el Zar mantenía una autoridad casi absoluta.

La rivalidad económica y las tensiones generadas por las aspiraciones contrapuestas de los nacionalismos favorecieron a finales del siglo XIX la configuración y consolidación en Europa de dos grandes alianzas internacionales fuertemente armadas. Las relaciones políticas internacionales descansaban desde 1871 en el sistema de alianzas y equilibrio entre las grandes potencias que había diseñado el canciller Otto von Bismarck con el objetivo de aislar a su rival, Francia, y colocar a Alemania en una situación de supremacía en el continente europeo.

Europa en 1914: la Triple Alianza y la Triple Entente

Ya en tiempos de Bismarck, y por iniciativa del estadista alemán, se había constituido la Triple Alianza (1882), que agrupaba a los llamados Imperios Centrales (El Imperio alemán y el Imperio austrohúngaro) y al reino de Italia, que no obstante se uniría al bando contrario tras iniciarse las hostilidades. El ascenso al trono de Guillermo II, que destituyó de Bismarck (1890), intensificó el expansionismo económico del Imperio alemán. La respuesta al peligro potencial que suponía la Triple Alianza fue la Triple Entente: lentamente gestada y negociada entre 1894 y 1907, consiguió reunir los intereses comunes de Francia, el Reino Unido y el Imperio ruso.

Causas de la Primera Guerra Mundial

Las causas profundas de la Primera Guerra Mundial se sitúan tanto en el orden económico como en el político, y pueden reducirse al antagonismo económico y colonial entre las principales potencias industriales (Francia e Inglaterra por un lado y Alemania por otro) y a la exacerbación de los conflictos territoriales de signo nacionalista.

La unificación de Alemania en 1871 había convertido a esta nación en una gran potencia que amenazaba directamente los intereses económicos de Francia y del Reino Unido. La fuerte competencia por la búsqueda de nuevos mercados y materias primas ya había provocado tensiones y enfrentamientos por la pretensión alemana de extender su imperio colonial, la cual chocaba con el reparto diseñado por sus rivales. Gran Bretaña y Francia tenían numerosas posesiones en todo el mundo, e incluso algunas naciones pequeñas o pobres, como Bélgica y Portugal, dominaban zonas más extensas que sus propios estados. Los Imperios Centrales, en cambio, habían llegado tarde al reparto colonial. El Imperio austrohúngaro carecía de colonias, y Alemania únicamente había conseguido, después de muchas tensiones, cuatro territorios africanos sin riquezas ni demasiadas posibilidades económicas (Togo, Camerún, el desierto de Namibia y la actual Tanzania).

Este componente económico hizo que, al estallar el conflicto, las organizaciones obreras denunciasen la situación como una guerra de intereses propia del capitalismo y rechazasen la participación en la contienda bélica. Los líderes socialistas de algunos países, como el francés Jean Jaurès, se pronunciaron inequívocamente contra un conflicto que calificaban de imperialista. Pero la división de los socialistas europeos y el asesinato de Jaurès desmoralizó la oposición pacifista, y el sentimiento nacionalista acabó por imponerse incluso entre los obreros, que ingresarían sin reticencias en los respectivos ejércitos.

Soldados franceses entonan La Marsellesa antes de partir hacia el frente (París, agosto de 1914)

En el plano político, la penetración del ideario nacionalista en buena parte del cuerpo social de los distintos pueblos y países contribuyó a crear un clima de belicosidad. La Revolución francesa había introducido como principio el derecho de los pueblos que compartían un origen y lengua comunes a constituirse en naciones soberanas. Algunos movimientos nacionalistas llegaron a colmar parcial o totalmente sus aspiraciones a lo largo del siglo XIX (independencia de los Países Bajos en 1830, unificación de Italia en 1861, unificación de Alemania en 1871); pero, a principios de siglo XX, la mayor parte de las reivindicaciones nacionalistas seguían sin satisfacerse.

Exaltando la grandeza y la gloria de la propia nación frente a las otras, el nacionalismo proclamaba la necesidad de una unión sin reservas de todos los ciudadanos contra el enemigo exterior común; tal doctrina, que allanaba desigualdades sociales y discrepancias políticas o culpaba al vecino de los problemas económicos, convenía a las clases dirigentes, y se vio fomentada en la escuela, en el servicio militar o mediante celebraciones patrióticas; incluso en la prensa, principal medio de comunicación de la época, se denigraba sin pudor al enemigo. El fuerte espíritu patriótico presente en los discursos políticos eclipsó los argumentos planteados por los líderes socialistas y obreros. Así, las reivindicaciones territoriales formuladas por ejemplo por el nacionalismo francés (devolución de Alsacia y Lorena, en poder de Alemania) y por el nacionalismo italiano (incorporación de las regiones del norte de Italia, en poder del Imperio austrohúngaro) cuajaron en los ciudadanos hasta hacer sentir esas regiones como territorios «irredentos» que debían ser liberados e incorporados a la nación.

Voluntarios en una oficina de reclutamiento británica

En la Europa central y oriental y particularmente en los Balcanes, por otro lado, diversas minorías reclamaban su derecho a formar un Estado propio, mientras países como Serbia y Bulgaria se consideraban legitimados para una ampliación de fronteras que acogiese a todos los miembros de la patria; todo ello chocaba con los intereses de los imperios colindantes, es decir, el Imperio austrohúngaro y el Imperio turco. Las reivindicaciones de los pueblos eslavos eran defendidas por Rusia, que a su vez perseguía una salida al Mediterráneo que mejorase su posición geoestratégica.

En este complejo panorama, la recuperación de territorios históricos por naciones consolidadas y el afán independentista de los pueblos sin Estado convivía con aspiraciones transnacionales. Diversas corrientes de pensamiento alimentaban el deseo de conseguir, más allá de las propias fronteras, la unificación de los pueblos de origen común; las más importantes eran el pangermanismo alemán, que pretendía agrupar en un gran imperio todos los pueblos de origen germánico, y el paneslavismo serbio, que proponía la unión bajo un mismo Estado de los pueblos eslavos.

El detonante: el atentado de Sarajevo

La Primera Guerra Mundial vino precedida por diversos conflictos locales que pusieron a prueba las alianzas internacionales y no hacían sino presagiar un enfrentamiento a gran escala que cualquier chispa podía encender. Perfectamente conscientes de ello, muchas naciones habían venido realizando fuertes inversiones en el fortalecimiento y modernización de sus ejércitos, dotándolos de una potencia formidable con finalidades teóricamente defensivas; la escalada armamentista alcanzó tal nivel que el periodo comprendido entre 1871 y 1914 es llamado «La paz armada». Las fricciones por cuestiones coloniales dieron pronto lugar a diversas crisis, entre las que destacan las causadas por el dominio de Marruecos (1905 y 1911), resueltas ambas en perjuicio de Alemania y en favor de los franceses, que contaban con el apoyo de Inglaterra.

El asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria desencadenó la Primera Guerra Mundial

Otro constante foco de tensiones era la zona de los Balcanes, encrucijada de etnias diversas y objeto de interés de distintos países. Para el Imperio austrohúngaro, que carecía de colonias y de una fácil salida al mar, los Balcanes constituían uno de los mercados más importantes; por este motivo rechazaba la aspiración de Serbia de unificar todos los pueblos eslavos meridionales en un solo país. El Imperio otomano, que durante siglos había controlado la zona, quería conservar su prestigio e influencia en la misma; el Imperio ruso, como ya se ha indicado, necesitaba conseguir una salida al Mediterráneo, y por ello se erigió en defensora de los pueblos eslavos. Todos estos agentes e intereses se enfrentaron en la Guerra de los Balcanes (1912-1913), que apenas llegó a resolver nada; en 1914, la zona seguía siendo un polvorín.

En una situación tan conflictiva como aquélla, un enfrentamiento entre dos países que, en otras circunstancias, habría quedado aislado o se habría superado por medio de negociaciones, dio pie al estallido de la guerra más sangrienta conocida hasta entonces. El 28 de junio de 1914, el asesinato en Sarajevo del heredero de la corona austrohúngara, el archiduque Francisco Fernando de Austria, fue la chispa que desencadenó el conflicto. El autor material del asesinato fue un estudiante bosnio vinculado a la sociedad secreta La Mano Negra, una organización nacionalista radical de la que formaban parte oficiales del servicio secreto serbio y que estaba en contacto con los jóvenes activistas bosnios.

Desarrollo y fases de la Primera Guerra Mundial

El atentado provocó la indignada protesta del gobierno austrohúngaro, que por medio de un duro ultimátum amenazó a Serbia con la guerra si no atendía sus exigencias de tomar medidas inmediatas contra los nacionalistas radicales serbios. La negativa serbia condujo a una declaración de guerra y puso en marcha el sistema de alianzas: sucesivamente se implicaron Rusia, Alemania, Francia e Inglaterra. Recibida con cierto entusiasmo entre la población de los países contendientes, comenzaba la «Gran Guerra», así llamada por aquel entonces; tras la nueva conflagración que asoló Europa entre 1939 y 1945, ambos conflictos serían bautizados con ordinales: «Primera Guerra Mundial» (1914-1918) y «Segunda Guerra Mundial» (1939-1945).

Los contendientes de la Primera Guerra Mundial

Las fuerzas de los dos bloques enfrentados eran bastante equilibradas. La superioridad naval y numérica de la Triple Entente (Francia, Inglaterra y Rusia) era compensada, en los Imperios Centrales, por la capacidad de movilización y un potencial bélico mayor. El Imperio alemán y el austrohúngaro carecían de grandes dominios coloniales, pero formaban un bloque territorial compacto y coordinado.

Con la idea de derrotar a Francia antes de que pudiese recibir la ayuda de Inglaterra y de que una ofensiva de Rusia los obligase a combatir en dos frentes, los alemanes aplicaron de inmediato el plan Schlieffen, concebido años atrás por el anterior jefe del Estado Mayor alemán, el mariscal Alfred von Schlieffen. Este plan de ataque preveía un vasto movimiento de las fuerzas alemanas que, en seis semanas, habían de penetrar en Francia pasando por Bélgica, eludiendo así las tropas y fortificaciones fronterizas francesas.

El espejismo de una guerra rápida (1914)

Bajo la dirección del general Helmuth von Moltke, el ejército alemán venció la resistencia belga, atravesó el país y en pocos días se adentró en territorio francés, pero el embate germánico fue frenado alrededor del eje constituido por el río Marne. Las fuerzas francesas, dirigidas por el general Ferdinand Foch, resistieron el avance alemán, pero carecieron a su vez del poderío militar suficiente para forzar su retirada; con todo, al disipar la posibilidad de una rápida ofensiva que llevase a los alemanes a las puertas de París, la batalla del Marne (6-9 de septiembre de 1914) resultó decisiva; representó asimismo un triunfo moral para los franceses y marcó el curso ulterior de la guerra.

Nuevas batallas y combates entablados desde el río Marne hasta el Atlántico tuvieron un desenlace similar; el frente occidental se estabilizó y, a principios de 1915, ambos bandos se encontraban atrincherados en una línea de ochocientos kilómetros que se extendía desde Suiza hasta la ciudad belga de Ostende, en la costa del Mar del Norte. Prácticamente no cambiaría hasta la primavera de 1918.

Desarrollo de la Primera Guerra Mundial

En el frente oriental, Alemania hubo de responder a la ofensiva lanzada por Rusia. Mal entrenadas y poco coordinadas, las tropas rusas fueron vencidas por las alemanas, comandadas por los generales Paul von Hindenburg y Erich Ludendorff, en la batalla de Tannenberg (26-30 de agosto de 1914). Los rusos sufrieron numerosísimas bajas, pero su acción posibilitó el éxito de Francia en el frente occidental, ya que obligaron al general alemán Helmuth von Moltke a trasladar diversas divisiones del frente occidental al oriental para frenar la ofensiva rusa. La ausencia de estas divisiones fue decisiva para inclinar la batalla del Marne en favor de los franceses.

Pese a la derrota frente a los alemanes, el Imperio ruso obtuvo algunas victorias sobre los austriacos; pero, aunque no tan firmemente como el occidental, el frente oriental quedó también estabilizado en una línea que se extendía desde el mar Báltico a los Montes Cárpatos. A finales de 1914, estaba claro que la guerra sería larga. Ante los exiguos resultados conseguidos por la llamada «guerra de movimientos» de 1914 (rápidas movilizaciones de grandes contingentes para aplastar al enemigo), los estados mayores se prepararon para la «guerra de posiciones», es decir, para una agotadora guerra de desgaste que se prolongaría casi hasta el final de la contienda.

La guerra de trincheras (1915-1916)

A principios de 1915, ambos bandos construyeron complejas líneas de trincheras que serpentearon por los cientos de kilómetros del frente. La fortificación alcanzaría tal grado de virtuosismo que ninguno de los contendientes lograría una penetración decisiva. Al quedar protegidos los soldados del alcance de las ametralladores enemigas, la capacidad armamentística (morteros, lanzagranadas, lanzallamas) y muy especialmente la artillería pesada se transformó en dueña y señora del campo de batalla. La industria siderometalúrgica se puso al servicio de las necesidades militares y produjo masivamente cañones, morteros y obuses. El consumo de municiones en los primeros meses de la guerra rebasó largamente las previsiones, y la cuestión del aprovisionamiento acabó trasformándose en un asunto esencial, que obligó a modernizar y planificar la producción y a utilizar mano de obra femenina.

Mujeres trabajando en una fábrica de obuses

Ciertamente, la única arma eficaz contra las trincheras era la artillería, pero ni siquiera los bombardeos de saturación podían garantizar una ruptura del frente, ya que eran contrarrestados por la mayor eficacia de las medidas de protección personal y la complejidad de la red defensiva, que incluía el escalonamiento en profundidad de las fuerzas de reserva. Sin embargo, mientras los frentes se mantenían incólumes, las trincheras registraban espantosas carnicerías. Después de cada batida de la artillería, el terreno quedaba arrasado, cubierto de hombres destrozados o mutilados. Las trincheras se convirtieron en un infierno porque, además, las condiciones higiénicas eran deplorables; el abastecimiento, insuficiente; y la tensión, insoportable. El uso intensivo de armas como los gases letales obligó además a los soldados a luchar con unas máscaras que reducían la visibilidad e intensificaban su angustia.

Ante esa situación de estancamiento, durante el año 1916 alemanes y franceses intentaron romper el frente concentrando los esfuerzos bélicos en un solo punto. Tal era el objetivo de la gran ofensiva alemana sobre la ciudad de Verdún, planeada por el jefe del Estado Mayor, Erich von Falkenhayn. Iniciado el 21 de febrero de 1916, el ataque topó con la tenaz resistencia de los franceses, que, bajo las órdenes del general Henri Philippe Pétain, frenaron el avance sobre la ciudad y recuperaron, ya en noviembre del mismo año, las escasas plazas que había llegado a ocupar el enemigo. La ofensiva aliada sobre la región del río Somme, planeada por el mariscal francés Joseph Joffre y el general británico sir Douglas Haig, tuvo el mismo carácter masivo; iniciada el 1 de julio de 1916, concluyó sin éxito a mediados de noviembre del mismo año. Ambas campañas costaron centenares de miles de vidas y sólo movieron los frentes unos pocos centenares de metros.

Soldados aliados con máscaras antigás (Ypres, Bélgica, 1917)

La guerra en el mar tuvo su episodio central en la batalla de Jutlandia (31 de mayo de 1916), en la que se enfrentaron la armada británica y la alemana, comandadas respectivamente por los almirantes John Jellicoe y Reinhard Scheer. Aunque la «Gran Flota» de Jellicoe sufrió pérdidas superiores, el resultado favoreció a los ingleses: la escuadra alemana no pudo romper el cerco establecido por los aliados, de modo que su campo de acción quedaría reducido al Mar del Norte durante toda la guerra. La excepción fueron, obviamente, los submarinos, que antes y después de Jutlandia obstaculizaron el aprovisionamiento por vía marítima de Gran Bretaña hundiendo los barcos británicos o aliados que se acercaban a la isla. En mayo de 1915, el hundimiento del trasatlántico de pasajeros Lusitania, que había zarpado de Nueva York, provocó una airada reacción estadounidense, y el alto mando alemán hubo de aceptar restricciones a la guerra submarina. Pero en febrero de 1917, los alemanes anunciaron la extensión del bloqueo a todas las embarcaciones sin importar su pabellón, decisión que pondría fin a la neutralidad de los Estados Unidos.

La intervención estadounidense y el final de la guerra (1917-1918)

Durante el año 1917, la población civil de muchas naciones en conflicto llegó a una situación límite: a las dificultades para la mera subsistencia había que sumar los trastornos familiares por la pérdida o ausencia de los miembros más jóvenes y el agotamiento psicológico. Hubo intentos de amotinamiento en las guarniciones, que fueron severamente reprimidos, y también huelgas de protesta por la escasez de productos de primera necesidad.

La aceptación más o menos entusiasta que gran parte de la población de los países contendientes había manifestado al inicio de la guerra se había convertido en un rechazo frontal a su continuación, sobre todo en las grandes ciudades industriales de Alemania. También era especialmente crítica la situación en el Imperio austrohúngaro, donde el desabastecimiento y la falta de productos básicos se agudizaban día a día. Por otra parte, después de la división y dispersión iniciales, y a la vista del inmenso matadero en que se habían convertido los frentes, el movimiento obrero internacional se pronunció abiertamente contra la guerra, y los socialistas de cada Estado comenzaron a adoptar posiciones críticas radicales.

El presidente Wilson solicita la declaración de guerra
al Congreso estadounidense (2 de abril de 1917)

En octubre de 1917 triunfó en Rusia la revolución dirigida por Lenin y los bolcheviques, que se hicieron con el poder; el agotamiento de la población y la promesa de poner fin a la guerra favorecieron el éxito revolucionario. Para Lenin, que siempre había tachado el conflicto de «conflagración burguesa, imperialista y dinástica» y de traidores a los socialdemócratas europeos que la habían apoyado, la paz era prioritaria e imprescindible para poder organizar el nuevo Estado surgido de la revolución; de ahí que se apresurase a firmar un armisticio y a acordar la paz con los Imperios Centrales (tratado de Brest-Litovsk, 3 de marzo de 1918), aun a cambio de importantes concesiones territoriales.

Pero el acontecimiento clave de aquel año fue la entrada de los Estados Unidos en la guerra (6 de abril de 1917). El motivo oficial fue la decisión alemana de suprimir las restricciones a la guerra submarina; en adelante atacarían a todos los buques (militares o civiles, aliados o neutrales) para sostener el bloqueo marítimo contra Inglaterra. También se dio difusión a un mensaje enviado por el ministro de Asuntos Exteriores alemán, Arthur Zimmermann, a su embajador en México: el llamado «Telegrama Zimmermann», interceptado por los servicios secretos británicos, reveló el propósito del Imperio alemán de incitar a México a declarar la guerra a los Estados Unidos, brindando al país vecino ayuda militar y financiera para recuperar los territorios perdidos en la Guerra Mexicano-Estadounidense de 1846. El motivo de fondo, sin embargo, era el temor a no recuperar los créditos concedidos a Gran Bretaña y Francia en caso de que ganasen los Imperios Centrales.

El apoyo de Estados Unidos a Francia e Inglaterra decidió el desenlace de la guerra. En pocos meses desembarcaron en Francia más de un millón de soldados y un gran número de tanques, aviones, camiones y piezas de artillería; con el respaldo de la llamada Fuerza Expedicionaria Estadounidense, comandada por el general John Pershing, la superioridad bélica de los aliados se hizo abrumadora.

Campesinos franceses saludan a soldados americanos (Brieulles-sur-Bar, 1918)

En otoño de 1918, tal superioridad comenzó a dar resultados concretos; a principios de noviembre, tras la destrucción de las líneas austriacas en la batalla de Vittorio Veneto, el Imperio austrohúngaro aceptó el armisticio. En el frente occidental, un último intento alemán de avanzar sobre el Marne fue desbaratado en la batalla de Château-Thierry (4 de junio de 1918); en septiembre, la contraofensiva aliada había obligado a los alemanes a retroceder hasta la Línea Hindenburg, que sería aniquilada a primeros de noviembre. En Alemania, una insurrección socialista se propagó de Baviera a Berlín, donde un gobierno provisional proclamó la República y obligó al emperador Guillermo II a abdicar y a exiliarse en los Países Bajos. El 11 de noviembre de 1918, Alemania firmaba el armisticio.

Consecuencias de la Primera Guerra Mundial

Las consecuencias más evidentes de la Primera Guerra Mundial fueron las que derivaron de los diversos tratados de paz, que modificaron profundamente el mapa de Europa. Contra lo que pueda sugerir su nombre, la Conferencia de Paz de París fue una mera negociación entre los dirigentes de los países vencedores: el presidente norteamericano Woodrow Wilson, el primer ministro británico David Lloyd George, su homólogo francés Georges Clemenceau y el jefe del gobierno italiano, Vittorio Emanuele Orlando. Ningún representante de Alemania participó en la conferencia, de modo que la razón asistía a quienes calificaron de «diktat» (imposición) el tratado de Versalles, firmado el 29 de junio de 1919, tras casi seis meses de conversaciones.

Aunque se partió de los bienintencionados catorce puntos propuestos por el presidente norteamericano Woodrow Wilson, las condiciones impuestas a los vencidos fueron muy duras, y, especialmente por parte de Francia, no hubo ninguna voluntad conciliatoria. El tratado de Versalles declaraba a Alemania única culpable de la guerra y supuso para el antiguo Imperio alemán la pérdida de todas sus colonias y también de numerosos territorios, que pasaron a manos de los viejos y nuevos países limítrofes (Francia, Bélgica, Dinamarca, Checoslovaquia, Polonia). El tratado establecía asimismo la desmilitarización general del país (prohibiendo a Alemania fabricar armamento, barcos y aviones de guerra y tener más de cien mil soldados) y la obligación de pagar reparaciones de guerra, tasadas en 132.000 millones de marcos oro, a las potencias vencedoras.

David Lloyd, Vittorio Orlando, Georges Clemenceau y
Woodrow Wilson en la Conferencia de Paz de París (1919)

A excepción de las fronterizas, muchas de estas disposiciones no llegaron a cumplirse; para Alemania, sin embargo, supusieron una humillación que penetró profundamente en su tejido social y alimentó un sentimiento revanchista que había de constituir una de las causas de la Segunda Guerra Mundial. Los tratados de Saint-Germain-en-Laye (10 de septiembre de 1919) y de Trianon (4 de junio de 1920), por su parte, supusieron el desmantelamiento del Imperio austrohúngaro, del que surgieron Austria, Hungría, Checoslovaquia y la futura Yugoslavia. Austria y Hungría quedaron reducidas a la tercera parte de la superficie que tenían antes de la guerra, y sin salida al mar; además, se prohibió explícitamente a Austria cualquier unión con Alemania.

Las consecuencias alcanzaron también, por supuesto, a los países europeos vencedores, que vieron igualmente diezmada su población y destruidos sus campos, fábricas y ciudades, y quedaron, en suma, tan arruinados como los vencidos. Financiar la guerra había ultrapasado en mucho los ingresos de los países contendientes, que hubieron de recurrir a préstamos y a emisiones masivas de billetes, lo cual incrementó la deuda interna y externa y disparó la inflación; el proceso inflacionario afectó especialmente a las clases medias y bajas, pues los sueldos no subieron al mismo ritmo que los precios, causando el empobrecimiento general de la población. La incorporación de la mujer al mundo laboral, forzada por las necesidades bélicas, fue uno de los escasos aspectos positivos; se reconoció su papel en la sociedad y, en muchos países, se aprobó el sufragio femenino.

La ciudad belga de Ypres, reducida a escombros tras la batalla

En el plano geopolítico, los Estados Unidos, sobre todo, y también el Japón, fueron los principales beneficiados del desarrollo y desenlace de la Primera Guerra Mundial. Mientras duraron las hostilidades exportaron alimentos y material bélico a Europa, y una vez finalizada la contienda prestaron los capitales necesarios para la reconstrucción. Al no haber padecido en su propio territorio la devastación de la guerra, ambos países quedaron en óptima posición para erigirse en nuevas potencias mundiales; a ellos se sumaría muy pronto, tras la acelerada industrialización que impuso Stalin, la Unión Soviética.

En el terreno político, la Primera Guerra Mundial culminó el proceso de liquidación del absolutismo monárquico iniciado en la Revolución Francesa. Los antiguos imperios (el alemán, el austrohúngaro, el otomano) fueron sustituidos por repúblicas democráticas; pero este avance quedaría desvirtuado por la crisis que iba a experimentar el sistema liberal y por la evidencia de que, lejos de resolver los conflictos de fondo, la guerra únicamente había acentuado las ambiciones y el revanchismo de vencedores y vencidos, dejando en la inoperancia iniciativas como la flamante Sociedad de Naciones (1919), auspiciada por los Estados Unidos. La vieja Europa, con sus imperios coloniales, salió adelante, pero sólo para enzarzarse, tras el «crack» de 1929 y el auge de los nuevos totalitarismos (fascismo y comunismo), en una nueva conflagración, la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), en la que perdería definitivamente la hegemonía mundial que había ostentado en los últimos cincos siglos.

La Revolución Francesa

                                     

                                    

                       La toma de la Bastilla (14 de julio de 1789) ha quedado

                      como el suceso icónico de la Revolución Francesa

La Revolución Francesa (1789-1799) ha sido tradicionalmente considerada como el indicador del final de una época histórica y el punto de arranque de una nueva etapa: la Edad Contemporánea. Por este motivo puede aceptarse que, aunque cronológicamente el siglo XIX comenzase en 1801, históricamente se inició en 1789. Ciertamente, el estallido de la Revolución Francesa señala una línea divisoria entre dos sistemas sociopolíticos opuestos: en el Antiguo Régimen, anterior a la Revolución Francesa, el absolutismo monárquico regía una sociedad feudal; en el Nuevo Régimen surgido tras la misma, en cambio, reconocemos muchos de los rasgos que caracterizan la organización política y social del mundo contemporáneo.

En el terreno político, la Revolución Francesa acabó con el sistema de monarquías absolutas que había prevalecido durante siglos en muchos países europeos. Dicho sistema político se basaba en el principio de que todos los poderes (el de promulgar las leyes -legislativo-, el de aplicarlas -ejecutivo-, y el de determinar si las leyes habían sido o no cumplidas -judicial-) residían en el rey. El monarca era fuente de todo poder por derecho divino; tal derecho era la base jurídica y filosófica de su soberanía.

La Revolución Francesa establecería la separación de estos poderes, de tal manera que el legislativo correspondería a una Asamblea o Parlamento; el poder ejecutivo seguiría residiendo en el rey y sus ministros, o en un gobierno en las repúblicas; y el judicial recaería en los tribunales de justicia, como poder técnico e independiente. En definitiva, la monarquía dejaría de existir o de ser absoluta para convertirse en un sistema político en que los distintos poderes servirían de contrapesos y se controlarían mutuamente. Se entendía, además, que la soberanía no procedía sino del pueblo, el cual delegaba el ejercicio del poder en gobernantes libremente elegidos en procesos electorales periódicos.

En el plano social, las consecuencias de la Revolución Francesa serían igualmente trascendentes. El Antiguo Régimen se había caracterizado por consolidar un tipo de organización social rígido y de carácter marcadamente estamental, en la que se habían consagrado dos grupos o estamentos inamovibles: el clero y la nobleza. Estos estamentos gozaban de una jurisdicción especial que les eximía de pagar impuestos, entre otros privilegios. El tercer estamento lo integraban los campesinos, que estaban obligados a sostener los gastos del Estado con el pago de tributos.

Pero no solamente campesinos, artesanos o siervos componían el tercer estamento; una nueva clase social dinámica y próspera, enriquecida mediante los negocios, el comercio y la industria, también pertenecía jurídicamente a aquel «tercer estado» carente de privilegios: la burguesía. Esta clase emergente aspiraba a que su ascenso y su poderío económico se reflejase en el ordenamiento político. De hecho, la Revolución Francesa y su más inmediato precedente, la independencia de los Estados Unidos, constituyen los primeros ejemplos de lo que los historiadores han llamado «revoluciones burguesas». En ambas, el triunfo de la burguesía sobre la aristocracia anquilosada determinó una configuración social en concordancia con la mentalidad y los valores burgueses.

El carácter débil e indeciso de Luis XVI favoreció a los revolucionarios

De este modo, la Revolución Francesa creó una nueva sociedad cuya principal característica sería la eliminación de los privilegios y la proclamación de la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley; sin embargo, este ideal de igualdad se quedaría en el plano de lo teórico, ya que la nueva sociedad establecería un nuevo tipo de jerarquización entre los ciudadanos marcada no por el origen o la sangre, como antes, sino por la posesión de riquezas. Se pasó así de una sociedad estamental cerrada (se era noble por ser hijo de nobles, sin importar méritos o riquezas) a una sociedad abierta pero clasista (la nuestra), en que el dinero y los bienes materiales determinan la clase social. El resultado de la Revolución Francesa, en suma, sería la universalización del ideario burgués y la ascensión al poder de la misma burguesía, que sería la principal beneficiaria de los cambios.

La Revolución afectó a otros países además de Francia. Los gobernantes y la aristocracia de los países vecinos se convirtieron en sus mayores enemigos, y diversas monarquías europeas formaron coaliciones antifrancesas que tenían como objetivo acabar con el proceso revolucionario y restaurar el absolutismo. Pero la Revolución encontró apoyo en los campesinos, en los trabajadores de las ciudades y en las clases medias, y sus ideas penetraron en los estamentos no privilegiados de los restantes países europeos, que, en procesos revolucionarios o reformistas, acabarían por adoptar muchos de sus principios a lo largo del siglo XIX, quedando sus sociedades y sus gobiernos configurados de forma similar. En este sentido, la Revolución Francesa fue un acontecimiento de alcance universal.

Causas de la Revolución Francesa

Antes de entrar en el análisis del proceso revolucionario francés hay que señalar las causas que lo desencadenaron, dando por sentado la dificultad que supone establecer un orden de importancia en las mismas. Debe destacarse, en primer lugar, que el impacto de la filosofía ilustrada en el proceso revolucionario es una realidad incuestionable. Las ideas que difundió la Enciclopedia de Diderot y D'Alembert (1751-1772), y las doctrinas políticas y sociales de Montesquieu, Rousseau y Voltaire dinamitaron los fundamentos teóricos de la monarquía absoluta y pusieron en manos del elemento burgués el ensamblaje teórico con el que justificar la destrucción del Antiguo Régimen. El barón de Montesquieu desarrolló la teoría de la división de poderes en El espíritu de las leyes (1748); Voltaire censuró el poder y fanatismo de la Iglesia y defendió la tolerancia y la libertad de cultos; Jean-Jacques Rousseau planteó en El contrato social (1762) el principio de la soberanía popular, que el pueblo ejerce a través de representantes libremente elegidos.

Durante el siglo XVIII, Francia vivió una serie de desajustes sociales propios de unas estructuras anquilosadas incapaces de adaptarse a la dinámica de los tiempos. El desarrollo de la economía, con importantes avances en sectores como la industria y el comercio, había favorecido el protagonismo de la burguesía, cuyo creciente poder económico no se veía correspondido con la función que le era asignada en la sociedad del Antiguo Régimen. A la eclosión de la burguesía como nueva realidad social cada vez más reacia a tolerar las prerrogativas y prebendas de los estamentos superiores, había que añadir la insoportable situación del campesinado francés, sujeto a un sistema de explotación señorial que, lejos de suavizarse a lo largo del siglo XVIII, tendía a hacerse aún más oneroso.

En la década de 1780, una sucesión de malas cosechas y graves crisis agrícolas desencadenaron la casi paralización de los restantes sectores económicos, íntimamente dependientes del sector primario. La prolongada depresión se dejó sentir con notable intensidad en el campo y en la ciudad, sucediéndose, en los años que precedieron a la Revolución, una serie de motines y levantamientos populares provocados por la carestía y la escasez de los productos de primera necesidad.

La crisis financiera como desencadenante inmediato

Si las causas mencionadas contribuyeron a preparar el clima para el estallido de la Revolución Francesa, el factor que lo precipitó fue la crisis política surgida cuando Luis XVI intentó hacer frente a la caótica situación financiera por la que pasaba el erario público. El déficit crónico de la monarquía se había convertido en el problema más acuciante para los últimos gobiernos del despotismo ilustrado. Los gastos provocados por el apoyo a la independencia de las colonias británicas en América y por los dispendios de la corte de Versalles hacían inaplazable la toma de medidas urgentes en unos momentos en los que el Estado carecía de crédito ante los banqueros y ya no podía recurrir al clásico expediente de incrementar la presión fiscal a los que siempre la habían soportado.

En estas circunstancias, los responsables de finanzas de los gabinetes de Luis XVI, Robert Jacques Turgot (1774-1776) y Jacques Necker (1778-1781), sugirieron al monarca algunas medidas encaminadas a equilibrar el presupuesto, aunque no lograron su objetivo al ser destituidos de sus cargos por la presión de los sectores más conservadores de la nobleza y del clero. Jacques Necker llegó a publicar en 1781 un presupuesto de la nación (Compte rendu au roi) que supuso su inmediato cese: por primera vez la opinión pública conoció las elevadas partidas destinadas a sufragar los gastos de la corte. Tal ejercicio de transparencia le reportó un gran prestigio entre el pueblo y la burguesía.

En 1783, Charles Alexandre de Calonne, nuevo ministro de finanzas, intentó poner en práctica un plan de reforma fiscal basado en las ideas de sus antecesores, que, en síntesis, suponía la desaparición de los privilegios fiscales de la nobleza y el clero. La frontal oposición de los poderosos provocó su caída en abril de 1787; le sustituyó Loménie de Brienne, arzobispo de Toulouse y uno de los más acérrimos enemigos de las reformas.

Sesión inaugural de los Estados Generales (5 de mayo de 1789)

El nuevo ministro, una vez comprobado el colapso financiero que amenazaba al Estado, recurrió de nuevo al proyecto de Calonne, retocado en algunos puntos. En esta ocasión, los «privilegiados», que se habían erigido en representantes de los intereses de la nación, negaron al monarca toda capacidad legal para cambiar el sistema fiscal francés y solicitaron la convocatoria de los Estados Generales, argumentando (conforme a la tesis del duque Luis Felipe II de Orleans) que eran la única institución histórica que tenía poder para ello.

Como cuerpo legislativo que actuaba en representación de cada una de las tres clases sociales, la nobleza, el clero y el pueblo (el «Tercer Estado»), los Estados Generales habían tenido un importante papel en la Francia de los siglos XIV y XV. Sin embargo, la deriva centralista y absolutista protagonizada desde entonces por las monarquías europeas había por lo general reducido este tipo de instituciones a órganos consultivos o decorativos; era el caso de los Estados Generales, de los que puede incluso afirmarse que yacían en el olvido: su última reunión había tenido lugar en 1614.

Los Estados Generales (1788-1789)

Enfrentado a una situación insostenible, Luis XVI aceptó al fin (5 de julio de 1788) la reunión de los Estados Generales para primeros de mayo de 1789 y la dimisión de Loménie de Brienne; Jacques Necker, puesto otra vez al frente del ministerio de finanzas, se convertía en el nuevo hombre fuerte de la situación. Aparentemente, con la convocatoria de los Estados Generales, la llamada «revuelta de los privilegiados» se había anotado una victoria; en realidad, era el principio de una nueva etapa caracterizada por el exclusivo protagonismo de la burguesía. Si los poderosos pretendían aprovechar los Estados Generales para perpetuar sus privilegios, los burgueses perseguían acabar con ellos; de ahí que sus primeros objetivos fueran conseguir para el Tercer Estado una representación similar en cifras a la nobleza y clero juntos, y que se votase por cabeza y no por estamentos.

El decreto que organizaba los comicios (27 de diciembre de 1788) estableció el modo en que cada estamento elegiría a sus representantes en los Estados Generales, pero sin hacer referencia a la importante cuestión del voto, verdadero caballo de batalla de los dirigentes de la burguesía. La libertad que, en la práctica, concedía la normativa electoral favoreció a los distintos aspirantes a liderar el Tercer Estado, que pudieron difundir sin cortapisas sus ideas y proyectos políticos, asumidos por un importante sector de la sociedad francesa, como quedó reflejado en los cuadernos de quejas (cahiers de doléances) enviados al rey por instituciones y grupos ciudadanos.

Una vez efectuadas las votaciones, el 5 de mayo de 1789 tuvo lugar la apertura de los Estados Generales con un discurso de Luis XVI, donde dejaba entrever la exclusiva misión de solucionar el problema financiero que se asignaba a la institución, sin aludir en ningún momento a las peticiones de los portavoces del estamento popular. El Tercer Estado pidió que las votaciones se llevasen a cabo individualmente y no por estamento, ya que en caso contrario el voto conjunto de la nobleza y el clero prevalecería siempre sobre el de los plebeyos. La propuesta difícilmente podía prosperar: si se votaba individualmente, el Tercer Estado, que disponía de mayoría de representantes, pasaría a controlar los Estados Generales.

El juramento del Juego de Pelota, de Jacques-Louis David

Tras varias semanas de discusiones estériles, el Tercer Estado acordó abandonar tanto su denominación como su condición de organismo representativo de tan sólo un estamento, y, sobre la base de sus miembros, se constituyó en Asamblea Nacional, autoproclamándose auténtica representación de la nación e invitando a los demás estamentos a unirse a sus deliberaciones (17 de junio). El rey respondió privándoles del salón donde se reunían; bajo el liderazgo de Honoré Gabriel Riqueti, conde de Mirabeau, y del abate Emmanuel Joseph Sieyès, la Asamblea Nacional se trasladó a un edificio público utilizado como frontón para el juego de pelota, y, en medio del entusiasmo general, pronunció el 20 de junio el célebre Juramento del Juego de Pelota: no separarse hasta que hubiesen dotado a Francia de una Constitución. Numerosos representantes del bajo clero y otros nobles liberales se unieron a la Asamblea. Luis XVI hubo de ceder: el 27 de junio reconoció la Asamblea Nacional y ordenó al clero y a la nobleza que se incorporaran a la misma, lo que suponía una aceptación de hecho, por parte del rey, del principio de soberanía nacional.

La revuelta popular (1789)

En tanto que abierto desafío a la autoridad monárquica y triunfo de la soberanía nacional sobre el absolutismo, debe considerarse la constitución de la Asamblea Nacional (y no la toma de la Bastilla) como el primero de los sucesos revolucionarios; es preciso reconocer, sin embargo, que difícilmente se hubiera llegado más lejos de no haber contado la Asamblea con el apoyo popular. Tras el forzado reconocimiento por parte del rey, en efecto, la aristocracia cortesana empujó de inmediato a Luis XVI a actuar contra la Asamblea Nacional, acuartelando tropas en Versalles (20.000 soldados) por si era preciso utilizar la fuerza contra la Asamblea y destituyendo otra vez a Jacques Necker, verdadero ídolo de la burguesía.

En París crecía la agitación por semejantes noticias: el 12 de julio, conocida la sustitución de Necker e intuyéndose que la Asamblea iba a ser disuelta por las armas, las masas populares se amotinaron, sumiendo la ciudad en el caos y la anarquía. Bajo la dirección del joven periodista Camille Desmoulins, muchos manifestantes tomaron armas del arsenal de los Inválidos y se dirigieron a la prisión de la Bastilla, símbolo de la opresión despótica.

El 14 de julio, que se convirtió desde entonces en la fiesta nacional francesa, la Bastilla fue tomada por los revolucionarios. El acontecimiento tuvo un efecto extraordinario. Se crearon comités por todas partes, las mansiones nobiliarias fueron asaltadas, se destruyeron documentos y se dejaron de pagar los derechos señoriales. En la capital se formó una municipalidad revolucionaria, se creó una Guardia Nacional (a cuyo mando se puso al Marqués de La Fayette) y se adoptó una escarapela con los colores rojo y azul de París, a los que se añadió el blanco real.

La toma de la Bastilla (14 de julio de 1789)

La rebelión popular de París tuvo inmediata repercusión en los núcleos de población de toda Francia. En pocas jornadas, la burguesía conquistaba el poder municipal, estableciendo comunas revolucionarias en lugar de las antiguas oligarquías locales, y encuadrando a las clases medias en milicias cívicas encargadas de velar por el orden público. Luis XVI aceptaba, mientras tanto, los hechos consumados retirando las tropas, restituyendo en su cargo a Necker (16 de julio) y recibiendo con todos los honores la nueva enseña nacional: la escarapela tricolor de la municipalidad de París, origen de la actual bandera francesa.

Cuando la revuelta urbana comenzaba a remitir, la ola revolucionaria sacudió con notable intensidad el mundo rural. Era «el Gran Miedo» (la Grande Peur), un fenómeno de paroxismo colectivo surgido al socaire de noticias confusas sobre partidas de bandidos que, en convivencia con los poderosos, recorrían los campos sembrando la destrucción y la muerte. En todos los lugares aparecieron grupos de campesinos armados que, ante la falsedad de las noticias, dirigieron sus iras contra los castillos y registros notariales, donde se suponían depositados los documentos acreditativos de los derechos feudales que históricamente habían pesado sobre sus espaldas.

La Asamblea Nacional (1789-1791)

La Asamblea Nacional se había convertido en Asamblea Nacional Constituyente con la misión de redactar una Constitución y dar a Francia una nueva forma de gobierno. La rebelión del campesinado tuvo un profundo impacto en la Asamblea Constituyente, cuyos miembros, ante el temor de una situación que pudiera hacer fracasar sus proyectos, acordaron -en la noche del 4 al 5 de agosto de 1789- la abolición de todo vestigio de régimen feudal: se decretó la supresión de los derechos feudales y se declaró ilegal el sistema de impuestos existente. En teoría, las ancestrales reivindicaciones campesinas quedaban satisfechas; a partir de entonces quedaba por construir un nuevo régimen que garantizara los principios del nuevo orden burgués.

Siguiendo el ejemplo americano, el 26 de agosto de 1789 los miembros de la Asamblea Constituyente aprobaron una relación de derechos del ciudadano que había de servir de preámbulo a la constitución. La Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano (con una visión más universalista que su homónima americana) establecía los principios de libertad, igualdad, inviolabilidad de la propiedad y resistencia a la opresión, que iban a constituir la base de toda la legislación revolucionaria. El rey no la aceptó hasta el mes de octubre; después, se trasladó a París y se alojó en el Palacio de las Tullerías. La Asamblea se trasladó también a la capital y se dispuso a continuar allí su labor.

La burguesía moderada era el grupo que contaba con mayor representación en la Asamblea; considerando la configuración de la cámara, sostenían posturas centristas: eran partidarios de una monarquía constitucional con poderes limitados que pusiese remedio a los males sociales. A la derecha se encontraban los aristócratas, partido que aglutinaba los elementos más conservadores, defensores del absolutismo. En la izquierda se situaban los republicanos, entre los que figuraba Maximilien de Robespierre. Al margen de la pluralidad ideológica surgida en la cámara y fuera de ella (clubes de opinión y tertulias políticas: fuldenses, jacobinos, cistercienses, franciscanos), los principales dirigentes del proceso revolucionario acordaron llevar a la práctica una experiencia política de carácter monárquico y parlamentario, fruto de un compromiso entre la corona y la revolución.

La conducta frívola y licenciosa de la reina María Antonieta contribuyó
al descrédito de la monarquía (retrato de Gautier d'Agoty)

La Constitución de 1791 sancionaba la división de poderes, concediendo al rey las funciones del ejecutivo, y a un parlamento -elegido cada dos años- amplias atribuciones legislativas. La filosofía burguesa que inspiraba el texto legal aparecía, sin embargo, reflejada en el establecimiento de dos categorías de ciudadanos: activos (los que poseían derechos civiles y políticos -capacidad de voto- por ser contribuyentes) y pasivos (los que sólo tenían derechos civiles). Con ello quedaban excluidas del derecho a voto las clases bajas, hecho que condujo prontamente a su radicalización y a la exigencia del sufragio universal.

Aparte de la obra constituyente, la Asamblea desplegó también una ingente tarea legislativa. En primer lugar, se diseñó una descentralización y racionalización administrativa, por la que Francia quedaba dividida en 83 departamentos, en los que coincidían las diversas jurisdicciones administrativas con consejos de gobierno y autoridades locales elegidas por los habitantes de cada circunscripción. Otro hecho importante fue la reordenación de la administración de justicia, al establecer, según la nueva división territorial, distintas instituciones judiciales (juzgados de paz, tribunales civiles y tribunales de lo criminal), a cuyos cargos se accedía por elección.

Para institucionalizar la igualdad civil y la libertad económica, la actuación de los legisladores se dirigió a abolir toda clase de trabas que imposibilitaran el acceso de cualquier ciudadano a cargos civiles y militares; se eliminaron asimismo los impedimentos al comercio interior (supresión de aduanas y peajes), a la industria (abolición de gremios y prohibición de asociaciones obreras), a la agricultura (cercamiento), y, lo que era más importante, se reguló la igualdad de todos los ciudadanos ante los impuestos. De este modo la burguesía lograba establecer, junto al liberalismo político, las bases del liberalismo económico, eliminando las limitaciones que obstaculizaban su expansión económica.

Las acuciantes necesidades financieras del Estado, agravadas por la propia revolución, contribuyeron a que la Asamblea Nacional Constituyente determinara la nacionalización del patrimonio eclesiástico para enjugar con su venta el déficit público. Minadas sus posibilidades de subsistencia, la Iglesia católica pasó a depender del Estado, el cual, a través de la Constitución Civil del Clero (12 de julio de 1790), impuso una reorganización drástica de sus tradicionales estructuras y normas de funcionamiento interno, adaptándolas a la nueva filosofía revolucionaria (reducción de los 134 obispados existentes a 83, uno por departamento; provisión de cargos religiosos -párrocos, vicarios, obispos y arzobispos- por elección, como cualquier empleo público).

Los grandes cambios impulsados por la Asamblea Legislativa encontraron la férrea oposición de los privilegiados, muchos de los cuales emigraron a los países limítrofes esperando una acción inmediata de las monarquías absolutas europeas, que ya comenzaban a dar muestras de inquietud. La actitud del papa Pío VI al condenar la Constitución Civil del Clero -y, con ella, a la revolución- abrió un cisma en la Iglesia y en la sociedad francesas que tendría graves e inmediatas consecuencias.

Arresto de la familia real en Varennes (21 de junio de 1791)

Impulsado tal vez por sus escrúpulos al haber sancionado la controvertida legislación religiosa, Luis XVI acabó de convencerse de que el radicalismo de la Revolución sólo podía detenerse con la intervención de las potencias absolutistas. El monarca ya había negociado en secreto con soberanos extranjeros mientras fingía aceptar las reformas, y esperando convencerlos emprendió con su familia la huida del país. La fuga del monarca, sin embargo, fue abortada al ser reconocido y detenido en Varennes por el maestro de postas Drouet, el 21 de junio de 1791.

La noticia de la huida fallida del rey incitó a la emigración masiva de aristócratas y clérigos. Simultáneamente, la agitación campesina volvió a recrudecerse y una oleada de sentimiento antimonárquico comenzó a extenderse por toda Francia. En París, los clubes y periódicos radicales exigían que fuera la nación, y no la Asamblea Constituyente, la que decidiera la suerte del monarca. La declaración de inocencia adoptada por la Asamblea y el consiguiente restablecimiento de Luis XVI en el trono consumó la ruptura entre la burguesía moderada y los republicanos.

El 17 de julio de 1791, la Guardia Nacional disparó en el Campo de Marte contra una manifestación antimonárquica produciendo varias decenas de muertos. La represión se extendió a los principales dirigentes de las revueltas, entre los que figuraban Georges-Jacques Danton y Jean-Paul Marat. El club de los franciscanos fue clausurado. La Revolución se cobraba sus primeras víctimas, mientras en Pillnitz (Sajonia) Leopoldo II de Austria y Federico Guillermo II de Prusia hacían pública una declaración, el 27 de agosto de 1791, en la que proclamaban su deseo de "poner al rey de Francia en estado de consolidar las bases de un gobierno monárquico", una declaración considerada, no sin razón por los patriotas, como una clara amenaza de intervención.

La monarquía constitucional: La Asamblea Legislativa (1791-1792)

Los dirigentes de la Asamblea Constituyente creían, sin embargo, que la situación política se había normalizado a principios de otoño de 1791, y que, cumplida su misión, debía procederse a la disolución de la cámara y a la convocatoria de elecciones legislativas de acuerdo con la Constitución, que había sido aprobada en su texto definitivo el 3 de septiembre de 1791. Sometida a la extrema presión de las convulsiones internas y de la amenaza exterior, la recién instaurada monarquía constitucional no llegaría a cumplir un año.

Una vez efectuadas las elecciones, el 1 de octubre inauguraba sus sesiones la Asamblea Legislativa, compuesta por 745 diputados pertenecientes en su totalidad a los distintos sectores de la burguesía francesa. Las tendencias ideológicas que tomaban asiento en la nueva cámara pueden agruparse en tres bloques. La derecha estaba ahora integrada por unos 260 diputados que apoyaban la monarquía constitucional; los antiguos aristócratas, valedores del absolutismo, habían desaparecido.

En la izquierda se situaban los jacobinos, así llamados porque muchos de ellos procedían de un club que se había instalado en el antiguo convento de los jacobinos, en la rue Saint-Honoré de la capital francesa. No pasaban de 150 diputados y entre ellos destacaban los representantes de la región de la Gironda, que por este motivo eran llamados girondinos; todos ellos eran republicanos y se oponían claramente al régimen monárquico. La izquierda también contaba con representantes que, frente al sistema censitario establecido en la Constitución, defendían el sufragio universal y gozaban de gran influencia sobre las clases bajas, privadas del derecho a voto. En el centro, unos 350 diputados inclinaban sus apoyos indistintamente hacia la izquierda o a la derecha según las circunstancias o los intereses del momento; formaban tal grupo personas identificadas con la revolución, pero sin definirse de forma tajante en cuanto a la forma de Estado.

La nueva etapa supuso un paso adelante en el proceso de radicalización revolucionaria que vivía Francia desde 1787. La crisis económica, que había hecho prohibitivo el precio de muchos productos básicos para la subsistencia, así como la desacertada política de los anteriores ministerios en esta cuestión, pusieron de nuevo a las capas populares a punto de estallar en cualquier momento. Ante la presión y las continuas críticas de la izquierda, la burguesía conservadora, que controlaba el poder, decretó la deportación del llamado clero refractario (contrario al juramento de la Constitución Civil del Clero) y la incautación de sus bienes junto a los de los aristócratas emigrados.

Pero esas medidas no sirvieron para tranquilizar a los grupos exaltados que pugnaban abiertamente por la instauración de la República; la izquierda más radical acusaba al rey de traicionar la revolución y de mantener compromisos secretos con sus enemigos (los emigrados y los monarcas extranjeros). La influencia de los aristócratas que habían huido de la Francia revolucionaria se había dejado sentir en la ya citada declaración de Pillnitz (agosto de 1791) de Leopoldo II de Austria y Federico Guillermo II de Prusia, en la que se manifestaba que la causa de Luis XVI era común para todas las monarquías.

La grave conflictividad interna y la actitud amenazante de las potencias extranjeras hicieron creer a las autoridades de la Asamblea que la revolución sólo podría salvarse adelantándose a declarar la guerra a los enemigos exteriores. La burguesía conservadora esperaba una victoria de la que saldría reforzado el sistema monárquico. Al mismo Luis XVI le convenía la idea; incluso en caso de derrota, la intervención extranjera restablecería el absolutismo. Frente a los partidarios de emplear la fuerza, la izquierda jacobina, conocedora de la debilidad militar de Francia por las defecciones de sus mandos, auguraba y temía una derrota que pondría fin a la revolución.

El 20 de abril de 1792, Luis XVI, a instancias de la mayoría de la Asamblea Legislativa, declaraba la guerra a Austria en medio de un clima de euforia popular, truncado a poco de iniciarse las hostilidades. El ejército, sin dirección y falto de preparación, se hundía en todos los frentes, provocando con ello un agravamiento de la crisis interna y el fortalecimiento de las actitudes antimonárquicas. A finales de junio los jacobinos, bajo el liderazgo de Robespierre, redoblaron sus acusaciones de traición contra Luis XVI y exigieron la disolución de la Asamblea Legislativa y la elección -por sufragio universal- de una Convención Nacional que instaurase la República.

El asalto al Palacio Real de las Tullerías (óleo de Jean Duplessis-Bertaux)

La conquista de Verdún y el desafortunado manifiesto (25 de julio de 1792) del duque de Brunswick, general en jefe del ejército prusiano, amenazando con arrasar París si la familia real sufría alguna vejación, sirvió para que se precipitaran los acontecimientos. La ira popular se desbordó el 10 de agosto de 1792, fecha en que las masas asaltaron el Palacio de las Tullerías, residencia de los monarcas, y asesinaron a la guardia del rey, que logró ponerse a salvo. Luis XVI fue depuesto y encarcelado en la prisión del Temple por haberse hallado en palacio documentos que le comprometían. La revuelta instaló asimismo en el ayuntamiento parisino una Comuna revolucionaria bajo el control de la izquierda jacobina. Desbordada por los acontecimientos y bajo la presión de la Comuna, la Asamblea Legislativa se vio forzada a convocar elecciones por sufragio universal (masculino).

A principios de septiembre surgieron los primeros brotes de terror indiscriminado, que se cobrarían unas mil trescientas víctimas sólo en París: monárquicos, clérigos y todo tipo de presuntos traidores fueron sumariamente juzgados y ejecutados en las llamadas «matanzas de septiembre». El 20 de septiembre, la Asamblea Legislativa se disolvía para dar paso a la nueva cámara surgida de las elecciones, la Convención Nacional, de carácter constituyente. Ese mismo día el ejército revolucionario francés, al mando del general Dumouriez, hacía batirse en retirada en las colinas de Valmy a las tropas prusianas del duque de Brunswick. París y la revolución se habían salvado. En palabras de Goethe, testigo de excepción en la batalla, "ese día comenzaba una nueva era en la historia del Mundo".

La República: la Convención girondina (1792-1793)

El proceso revolucionario alcanzaba con la Convención su más elevada cota de radicalismo. Barridos los monárquicos constitucionales en los comicios, celebrados esta vez por sufragio universal masculino, los grupos políticos visibles en la Convención Nacional quedaron de nuevo reducidos a tres. Los 160 diputados girondinos, de extracción alto burguesa, promovían una república descentralizada y conservadora. En la «montaña», sector de izquierda y extrema izquierda, se integraban 140 diputados «montañeses», pertenecientes a la pequeña y mediana burguesía, identificados con una república democrática y un programa de gobierno de contenido social (Robespierre, Danton, Marat). Entre ambas tendencias se ubicaba la «llanura» o el «pantano», contingente de centro (350-400 escaños) que, aparte de su fe republicana, no ofrecía posiciones ideológicas definidas.

La primera decisión de la Convención Nacional fue abolir la monarquía y proclamar la República (22 de septiembre). Los comienzos del régimen republicano, dominado al principio por los girondinos, no pudieron ser más difíciles. El enjuiciamiento y condena a muerte de Luis XVI, que fue guillotinado públicamente en la plaza de la Revolución el 21 enero de 1793, agudizó aún más la crisis. Las fuerzas realistas y el clero refractario provocaron en varios departamentos revueltas antirrepublicanas, impulsando por ejemplo la rebelión del campesinado de la Vendée, que se había opuesto a las levas forzosas dictadas por la Convención para hacer frente a la amenaza exterior; el ejemplo cundió en otros departamentos.

Las potencias absolutistas europeas, espoleadas por la muerte del monarca, cerraron filas en una gran alianza antifrancesa: la Primera Coalición, formada por Austria, Prusia, España, Inglaterra, Holanda, Portugal y la mayor parte de los estados italianos y alemanes. La Coalición frenó el avance de las tropas de la Convención después de la traición del general Dumouriez, que se pasó a las filas de los austriacos tras su derrota en Neerwinden (marzo de 1793). La guerra civil en que habían degenerado las rebeliones internas y la amenaza de una inminente invasión extranjera crearon una situación insostenible que desató la lucha por el poder.

La Convención jacobina: Robespierre y el Terror (1793-1794)

En el verano de 1793, con el apoyo de las masas parisinas (los sans-culottes), los diputados montañeses expulsaron del gobierno a la derecha girondina, tras acusar de traición y ejecutar a sus principales dirigentes (junio-julio de 1793). El nuevo gobierno quedó progresivamente encarnado en la figura de Robespierre y en la acción expeditiva e implacable de unas instituciones a las que los jacobinos otorgaron poderes de excepción (el Comité de Salvación Pública, verdadero poder ejecutivo pronto dominado por Robespierre, el Comité de Seguridad General y el Tribunal Revolucionario).

Robespierre neutralizó las amenazas contrarrevolucionarias al precio de una sangrienta represión

Desde ellas se pusieron en práctica una serie de medidas, cuyos resultados no se hicieron esperar. En agosto de 1793 se decretaba la leva en masa, con lo que todos los recursos materiales y humanos de la nación se ponían al servicio de la guerra revolucionaria; el ejército francés acabaría contando con más de un millón de hombres. En septiembre de 1793, la «ley del máximum general» fijaba un control riguroso de precios y salarios, dictando durísimas sanciones para los infractores; previamente una ley había establecido la pena de muerte para los acaparadores. Este fuerte intervencionismo económico permitió alimentar la población y abastecer el ejército, pero suscitó el rechazo de la burguesía moderada, defensora de la libertad económica.

La Convención aprobó también una serie de normas sobre procedimientos judiciales extraordinarios y tribunales revolucionarios como la Ley de Sospechosos, cuya aplicación correspondió al Comité de Seguridad General, con el objeto de eliminar toda disidencia contrarrevolucionaria y depurar las estructuras del Estado. Como resultado de ello, alrededor de diecisiete mil ciudadanos fueron procesados y ejecutados durante el año escaso en que los jacobinos detentaron el poder, razón por la que este periodo pasaría a ser llamado «el Terror», y a tener en la guillotina su representación icónica. La más ilustre de las víctimas fue la reina María Antonieta, guillotinada el 16 de octubre. Sin embargo, nobles y clérigos eran la menor parte; la mayoría fueron campesinos y trabajadores que se rebelaron contra el reclutamiento o intentaron eludirlo o desertar.

Para cumplir todo lo dispuesto en París, se sometió a un centralismo absoluto la actividad política, económica y social de las provincias, otorgándose poderes ilimitados a los agentes («Enviados en misión») de la Convención Nacional. En pocos meses, la dictadura de Robespierre logró conjurar el peligro contrarrevolucionario: aplastó las rebeliones de monárquicos y girondinos en el interior y derrotó a los ejércitos de la Primera Coalición.

María Antonieta en el Tribunal Revolucionario

Superada la crisis, el frente jacobino comenzó a fraccionarse. El sector radical exigía la abolición de la gran propiedad y la aplicación de la política de terror a los ricos y poderosos. En el lado opuesto, cada vez eran más numerosas las voces que clamaban por una normalización de la vida pública que hiciera efectiva la Constitución democrática elaborada y aprobada en junio de 1793, que no había llegado a entrar en vigor. A partir de marzo de 1794, Robespierre acusó de traicionar a la revolución a los dirigentes de ambas tendencias (Jacques Hébert, Camille Desmoulins, Georges-Jacques Danton, que terminaron en el patíbulo), sin darse cuenta de que estaba preparando con ello el camino hacia el final de su dictadura.

La reacción de Termidor y el fin de la Convención (1794-1795)

El 27 de julio de 1794, la «llanura» de la Convención Nacional y los jacobinos moderados retiraron su apoyo al hombre que se creía depositario de la virtud revolucionaria. Abandonado a su suerte, Robespierre y veinte de sus partidarios morían al día siguiente en la guillotina sin juicio previo, víctimas de los procedimientos judiciales de excepción que tanto habían defendido. El 9 de Termidor (27 de julio en la terminología del calendario aprobado por la Convención) ponía fin a la fase más radicalista de la Revolución Francesa y daba inicio a una reacción conservadora en la que el terror sólo iba a cambiar de dirección, cebándose en quienes lo habían practicado.

Durante el período transcurrido entre julio de 1794 y octubre de 1795, la burguesía conservadora de la Convención Nacional iba a ser la verdadera dueña de la situación política; desde su nueva posición dominante, restableció la libertad de precios y, cuando la carestía empeoró de nuevo la situación de las clases populares, no tuvo escrúpulos en formar frente común con el ejército para reprimir toda intentona subversiva. Sus objetivos inmediatos eran continuar la guerra en el exterior y liquidar la obra revolucionaria elaborando un nuevo texto constitucional que sustituyera, por sus excesos democráticos, al aprobado en junio de 1793.

El Directorio (1795-1799)

La nueva Constitución, sancionada mediante un plebiscito en septiembre de 1795, fijaba una tajante división de poderes que intentaba evitar por todos los medios la reproducción de una dictadura personal como la que había protagonizado Robespierre. El poder ejecutivo quedó en manos de un nuevo organismo, el Directorio, formado por cinco «directores», renovados a razón de uno cada año por los miembros del legislativo. Dos cámaras elegidas por sufragio censitario indirecto, el Consejo de los Quinientos y el Consejo de Ancianos, detentaban el poder legislativo; el poder judicial correspondía a los tribunales electos, a los que se investía de gran solemnidad e independencia.

El nuevo ordenamiento, por otra parte, ponía fin a la participación democrática popular del periodo anterior al eliminar el sufragio universal, y salvaguardaba los intereses de la burguesía adinerada volviendo al principio de capacidad económica como condición previa al ejercicio de los derechos políticos. El Directorio comenzó su andadura en octubre de 1795, manteniendo una línea continuista respecto al último año de vida de la Convención y priorizando la estabilidad y el orden internos para consolidar una república conservadora erigida en la primera potencia de Europa.

Los grandes objetivos del régimen tropezaron, sin embargo, con graves dificultades internas que condicionaron de forma determinante sus cinco años de vida. La crisis económica desatada a raíz de la supresión del control de los salarios y los precios abrió un proceso inflacionista (depreciación de los "asignados": papel moneda emitido para la compra de bienes nacionales), que repercutió negativamente en las clases populares y en las arcas de la República, cada vez más dependientes de los botines de guerra.

Si bien la crisis económica constituyó el principal problema del régimen, no hay que olvidar la inestabilidad política y social que siempre le afectó al tener que combatir por igual los intentos de subversión conservadora (insurrecciones realistas en la Vendée y Bretaña, marzo de 1796) y las conspiraciones de carácter radical («Conjura de los Iguales» de Babeuf, mayo de 1797). La Constitución de 1795, al configurar el Directorio como un sistema republicano y censitario (sin sufragio universal), parecía haber excluido de la vida política tanto a los monárquicos como a las clases populares, pero realistas y jacobinos ganaron posiciones en las elecciones de 1797 y 1798.

La faceta más brillante del Directorio fue su política exterior, basada en la actuación victoriosa de sus ejércitos contra la Primera Coalición. Las brillantes campañas de generales como Moreau, Jourdan, Pichegru y Hoche culminaron en el rotundo triunfo de Napoleón sobre el ejército austriaco en Italia. Las paces de Tolentino y Campoformio (1797) convertían al militar corso en el hombre más admirado de Francia, a cuyo gobierno había proporcionado inmensos recursos procedentes de los territorios ocupados.

La estrella de los militares -y en especial del joven Bonaparte- comenzaba a brillar con luz propia en un panorama político inestable y corrupto como el que ofrecía el Directorio a finales de siglo. Ante los avances de una Segunda Coalición internacional contra Francia (formada en diciembre de 1798 por Inglaterra, Austria, Rusia, Turquía y el rey de Nápoles refugiado en Sicilia) y el peligro de escoramiento que suponían las presiones de jacobinos y realistas, la burguesía republicana comenzó a identificarse cada vez más con una solución militar que apuntalase sus intereses.

El fin de la Revolución Francesa

La coyuntura fue aprovechada por el general más audaz, Napoleón Bonaparte. Enviado en 1798 a Egipto para asestar un golpe al poderío colonial británico cuando se estaba organizando la Segunda Coalición antifrancesa, Napoleón acudió a la llamada de dos miembros del Directorio (Emmanuel Joseph Sieyès y Roger Ducos) y encabezó el golpe de Estado del 18 de Brumario (9 de noviembre de 1799), que acabó con el régimen por la fuerza de las armas y labró sobre su persona el nuevo destino de Francia.

Golpe del 18 de Brumario: Napoleón disuelve el
Consejo de los Quinientos (óleo de François Bouchot)

Napoleón disolvió las instituciones del Directorio y constituyó un gobierno provisional; el nuevo orden surgido del golpe de Estado se dotó rápidamente de una constitución (diciembre de 1799) que fijaba su entramado legal: el Consulado. Se trataba de un régimen jerarquizado y autoritario que culminaba en Napoleón, nombrado Primer Cónsul, al que quedaban supeditados los otros dos cónsules. La Revolución Francesa había terminado.

Sin embargo, Napoleón consolidó algunos realizaciones revolucionarias (destrucción de las estructuras feudales, superación de la sociedad estamental, estabilización del liberalismo económico y ascenso de la burguesía como clase social dominante) y dotó a Francia de unas estructuras de poder sólidas y estables con las que se ponía fin al caos político precedente. Aunque por el camino se perdieron los ideales de igualdad social y democracia política, la restauración del Antiguo Régimen iba a resultar imposible y, en muchos aspectos importantes, los logros de la Revolución Francesa habían de perdurar y extenderse por Europa con las conquistas napoleónicas.